¿Qué le espera al sector ambiental en Colombia en 2018?
Después del proyectado recorte al presupuesto asignado al sector ambiental para 2018, que pasaría de 632.000 millones a solo 232.000 millones (una reducción cercana al 60%), de la violencia ejercida contra líderes sociales y ambientales en Colombia y de la ya tradicional debilidad estatal para garantizar la integridad ecológica en las áreas protegidas, no se avizora un buen año para la conservación de los recursos naturales en Colombia.
Como es usual hacerse en los diferentes sectores del país, resulta pertinente proyectar como le va a ir al sector ambiental en 2018. Este, sin duda alguna, es un año especial. En primer lugar, en 2018 se elegirá un nuevo presidente que, seguramente, incidirá a través de políticas públicas sobre el manejo de los recursos naturales. Hasta el momento, ninguna de las propuestas de los candidatos a ser el timonel del país esboza una política clara y concreta respecto al sector ambiental. Todo son saludos a la bandera, compendios de buenas intenciones que no se concretarán jamás. Poca sustancia y propuestas gaseosas. Además de esto, bien es sabido que en los años electorales no se toman decisiones trascendentales, menos para un sector que no cuenta con representatividad ni músculo financiero para promover políticas a su favor.
Resulta claro además que para 2018 habrá nuevas cabezas ministeriales y en entidades del sector ambiental. Incluso, Brigitte Baptiste, que ha sido definitiva para posicionar (al menos mediáticamente) la importancia de la conservación de los recursos naturales en Colombia, dejará muy probablemente su cargo a finales de 2018. Luego, estos cambios supondrán, al menos en el papel, nuevos direccionamientos en cuanto a las prioridades de gestión respecto al sector ambiental. Es decir, incertidumbre total.
Por otra parte, el abandono de zonas estratégicas para la conservación por parte de las FARC es un desafío grande que viene desde 2017. Es ahora cuando la gobernanza ambiental, coordinada por organizaciones no gubernamentales, juntas de acción comunal y colectivos ambientalistas debe entrar a operar (a pesar de la triste cifra de líderes ambientales asesinados en 2017). Esto porque resulta evidente que la capacidad que tiene el estado para hacer presencia e instaurar gobernabilidad en las áreas de conservación es bien limitada (más aún con el proyectado recorte presupuestal). Desde el año pasado en departamentos como Caquetá, se percibe el interés de ampliar la frontera agropecuaria en aquellos territorios antes controlados por la guerrilla, arrasando de paso con objetos de conservación.
El avance de la minería ilegal y de los cultivos ilícitos es otra amenaza para la conservación en Colombia. Ambas actividades han sido reportadas por Parques Nacionales en varias áreas protegidas y son producto en parte de una debilidad para exigir que se cumpla la normatividad estatal y ofrecer alternativas productivas a los habitantes de estas zonas en la diversa geografía nacional.
Otro desafío importante resulta del auge que en los últimos años, y particularmente en 2017, tuvo el ecoturismo gracias al fin del conflicto con las FARC. De la forma que se aborde su regulación por parte tanto del Ministerio de Comercio y Turismo como del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dependerá que en 2018 esta actividad genere ingresos importantes para las regiones, a la vez que se garantice la sostenibilidad del sistema.
De tal forma que no se ven sino nubarrones sobre el sector ambiental colombiano en 2018. Esperemos pues que los resagos de las locomotoras de Santos y el inicio de una nueva presidencia no arrasen sin misericordia con la conservación de los recursos naturales en uno de los cinco países más biodiversos del planeta.
