El tal Pacto Agrario, ¿sí existe?
El anuncio del ministro Iragorri sobre inversión en asistencia técnica agropecuaria se debate entre hechos concretos y la seguidilla de compromisos políticos incumplidos. El desarrollo del campo colombiano es una necesidad histórica, más que una importante carta dentro del actual proceso de paz.
En el marco de la reunión del Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura (Consa), el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri, anunció que durante los primeros días de diciembre se suscribirán los convenios con el fin de desembolsar recursos para cofinanciar los primeros proyectos del Pacto Agrario. “Entre el 15 y el 30 de noviembre tenemos que haber firmado los convenios para que en diciembre se empiecen a girar los recursos de los proyectos que fueron viabilizados y calificados positivamente”, afirmó el ministro de Agricultura.
El titular de la cartera agropecuaria recordó que desde su posesión se inició un plan de choque para evaluar, viabilizar y calificar, en el menor tiempo posible, cerca de 4.600 proyectos que fueron presentados por los municipios, gobernaciones y organizaciones campesinas. Manifestó además que espera que el billón de pesos que asignó el Gobierno Nacional para cofinanciar los proyectos presentados de vivienda, empleo rural temporal, productividad, acceso a tierras, riego y drenaje, le llegue a las regiones del país a más tardar a finalizar diciembre. “¡El Pacto Agrario va porque va este año!”, enfatizó el ministro Iragorri.
Este tipo de anuncios no es novedad para el campesinado y el gremio productor del sector agropecuario. Esta ha sido la constante de todos los gobiernos en la reciente historia del país. En 2013, durante el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se prometió asistencia para un millón de pequeños y medianos productores (ver video).
El MADR en 2013 anunció una partida para subsidiar la asistencia técnica
Sin embargo, y a pesar de los aparentes esfuerzos del gobierno actual, los resultados del agro no son del todo los esperados. De acuerdo a un reciente estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, el crecimiento sectorial se ubica por debajo del correspondiente al del Producto Interno Bruto total. Esto implica que continúe la brecha del campo frente a otros sectores del país. ¿Qué hace falta entonces?
Más allá de los rutilantes anuncios promocionados a través de la oficina de prensa del MADR, lo que el campo colombiano necesita es que se consolide una verdadera política de estado para el sector. Estas iniciativas deben ser además ajenas a la coyuntura que actualmente vive el país en el marco de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Si bien es cierto que una mayor equidad en el campo garantizará una paz duradera en Colombia, el compromiso del gobierno debe ser independiente de los resultados de las negociaciones en La Habana. Es indiscutible que las falencias que ha tenido históricamente esta cartera, obedecen principalmente a que los intereses políticos y burocráticos han primado por encima de la misión de fortalecer la investigación, la construcción de infraestructura y la asistencia técnica para el campo.
En este sentido el jefe de Misión Rural, el economista José Antonio Ocampo, ha expresado que durante el gobierno de Álvaro Uribe se aniquiló la labor investigativa que venían ejerciendo institutos como la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) y se desinstitucionalizó el agro en el país, favoreciendo los apetitos burocráticos y contribuyendo así al consabido atraso del campo. De ingrata recordación fue el programa Agro Ingreso Seguro que resultó en uno de los mayores escándalos de corrupción en la política reciente colombiana (ver video).
Debate en el Congreso sobre el programa Agro Ingreso Seguro.
De igual forma, es lamentable que la asistencia técnica agropecuaria en el país haya sido errática en su función y continuidad al migrar de la figura de la UMATAS a la de EPSAgro. Si bien Iragorri aseguró que la propuesta del MADR es fortalecer las Secretarías de Agricultura y las UMATAS del país, lo verdaderamente importante es que, más allá de figuras institucionales, se garantice esta asistencia técnica de manera continua y de buena calidad al sector productor del campo colombiano. La inversión en investigación tampoco debe ser olvidada por parte del gobierno nacional, ya que otros países como Nueva Zelanda han logrado demostrar que un esfuerzo en este campo arrojan resultados favorables a largo plazo.
El campo colombiano necesita políticas coherentes, transparencia política y ejecución institucional para salir del atraso que lo ha caracterizado. De lo contrario, el agro continuará exhibiendo la misma problemática de hace 50 años.
