El debate sobre el glifosato
La prohibición del glifosato para el control de cultivos ilícitos debe incluir su uso en agricultura. Ya es hora que en el país primen intereses ambientales y sociales sobre los económicos.
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El país, como cosa rara, anda polarizado frente a la prohibición, que ha impartido recientemente el presidente Juan Manuel Santos, respecto al uso de glifosato como estrategia de control de los cultivos ilícitos en Colombia.
El expresidente, y ahora senador, Álvaro Uribe se muestra enfático en asegurar que dicha prohibición obedece a un mandato de la guerrilla de las FARC y que es una muestra de la debilidad de la mesa de negociación del gobierno Santos. Sus copartidarios, como era de esperarse, lo aplauden sin saber siquiera los efectos ambientales y en la salud pública que tiene el glifosato. Sin haber tenido un galón de glifosato en sus manos.
A Uribe, como es habitual, lo secunda también el procurador Alejandro Ordoñez, que gusta de asomar su «casta» nariz en cuanto asunto de interés nacional exista. Asegura Ordoñez, en el tono despótico que tiene acostumbrado al país, que la decisión presidencial es de un «culipronto» y que beneficia a narcotraficantes y guerrilleros.
En tono más prudente, no es para menos, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dice que a pesar de no estar de acuerdo con la medida (¿qué pueden saber los militares de restauración ecológica o toxicidad hepática?), la asume como parte de sus funciones y según su jerarquía.
Todas estas opiniones surgen por precisos cálculos políticos ajenos a conceptos técnicos que contemplen la realidad ambiental y social de las regiones que son fumigadas con glifosato. Cabe anotar además, que ni Uribe ni Ordoñez ni sus familias viven en medio de cultivos ilícitos ni beben del agua contaminada por el compuesto químico que ha venido engrosando los bolsillos de la multinacional de agroquímicos Monsanto.
Desconocen Uribe, Ordoñez y compañía, quizás producto de su ignorancia en estudios ambientales y su consabida arrogancia, la afectación que ha tenido el uso de glifosato sobre la diversidad de fauna y flora en los territorios fumigados con este herbicida. ¿O es que acaso contrataron un estudio ambiental que confirmara las bondades del glifosato para la integridad ecológica en algún ecosistema colombiano?
La decisión de Santos, pareciera no ser un simple capricho del poder, está fundamentada en estudios revisados por el Ministerio de Salud y Protección Social, que aseguran que el glifosato puede afectar la salud pública y ambiental.
En eso no se equivoca el concepto emitido por la cartera de salud. No en vano el glifosato, conocido comercialmente como Round Up, es utilizado en agricultura para «matar todo». Se usa para acabar con cuanta maleza haya en un potrero y su aplicación debe realizarse con guantes, gafas y tapabocas. Basta leer las instrucciones en su empaque.
Por su parte, Antonio Caballero, columnista de la Revista Semana, desde una visión más reflexiva, asegura que la fumigación con glifosato beneficia a narcotraficantes y guerrilleros porque incrementa la cotización del gramo de coca. Es apenas lógico pensarlo: a mayores costos de producción, mayor precio en la calle. Y se benefician también Monsanto y sus distribuidores, sostiene Caballero.
Expertos en la lucha antidrogas concluyen además que la política implementada por Colombia, a pesar de la constante fumigación con glifosato, no ha evidenciado la disminución de hectáreas sembradas con coca. Esto sugiere que se deben plantear otras metodologías que demuestren una verdadera efectividad a largo plazo. Y, llegado el caso, optar por una legalización de la producción y el consumo de coca.
A este planteamiento se le debe sumar la lucha aparentemente perdida contra las malezas. Numerosos estudios en diferentes latitudes han concluido que varias especies de malezas han resultado resistentes al glifosato. Esto por el uso desmedido que se ha hecho de este producto a nivel mundial.
Así las cosas, lo que debe decidir Santos de una buena vez, no solo es la prohibición del uso de glifosato para el control de las hectáreas de coca en Colombia. No, hay que aprovechar la coyuntura. Santos debe ordenar al Instituto Colombiano Agropecuario que se controle el uso del glifosato en la agricultura.
Deben implementarse además medidas que contemplen un manejo ecológico para el control de malezas. Como la sugerida por el director del Jardín Botánico del Quindío, quien asegura que una especie de mariposa, conocida como «el gringo», podría servir de control biológico a las matas de coca sembradas en el país.
Hacia allá es que debe mirar Colombia. El dinero invertido en la compra de las canecas de glifosato debe ser redirigido a promover investigación que ayude a controlar los cultivos ilícitos en Colombia y beneficie de paso a la producción agropecuaria del país.Ya es hora de que en el país se le ponga punto final al envenenamiento sistemático que han venido sufriendo nuestros suelos, nuestras quebradas, nuestra biodiversidad y nuestros campesinos. Ya estuvo bueno.
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