Vender el sofá
Los cambios en la política agropecuaria anunciados por el gobierno Santos pueden zanjar un nuevo horizonte para el agro colombiano o caer en la modorra burocrática del triste pasado de la política rural del país.
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“Vamos a liquidar el Incoder, que ha tenido problemas de funcionamiento (…), lo vamos a cambiar, lo vamos a liquidar, y parte de las razones es que hay una tremenda dispersión en el Incoder, en sus tareas. Y en su reemplazo vamos a crear dos agencias de un alto perfil técnico”, señaló el Presidente Juan Manuel Santos en días recientes.
El mandatario se refería a la liquidación de una de las entidades más paquidérmicas y corruptas que han regido el andamiaje de la política rural colombiana. Tristemente célebre en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el Incoder se caracterizó por ser un botín burocrático de políticos voraces y corruptos y por constituirse en prisionero de funcionarios incapaces y comprometidos por oscuros intereses económicos.
Una de las nuevas entidades que se crearán en medio de este proceso de reingeniería es la Agencia de Desarrollo Rural, la cual, en teoría, ejecutará planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario, para sacar mejor provecho de los recursos en las regiones y brindar apoyo a los pequeños productores. A esta se suma la Agencia Nacional de Tierras, que, en palabras del primer mandatario de los colombianos, «va a ejecutar la política de tierras del Gobierno, incluidos temas como la titulación, la adjudicación de baldíos y de otras tierras disponibles a los campesinos y las comunidades étnicas».
Es ahora, cuando Santos anuncia el tan esperado revolcón del agro, que queda en el aire la pregunta de saber si se está vendiendo el sofá o la reestructuración va encaminada verdaderamente a sacar al agro colombiano del atraso que lo ha caracterizado. ¿Cómo tener la certeza de que los políticos corruptos, que en Colombia son la mayoría, no reclamarán parte del botín burocrático que representan estas nuevas entidades, a cambio de la aprobación de leyes propuestas por el gobierno en el congreso? ¿Los funcionarios públicos que trabajarán en dichas entidades serán seleccionados en procesos transparentes que garanticen su idoneidad y honestidad, o por el contrario, serán nombrados a dedo por políticos comprometidos con desfalcar a la nación? ¿Acaso el Partido Conservador, tradicional responsable de la política rural en Colombia, no reclamará lo que es suyo sin importar que continúe el desmadre administrativo y la corrupción desaforada en las entidades que rigen el futuro del desarrollo rural en el país?
Preguntas obvias que no resultan tan fácil de responder ante la realidad política del país. Esperemos que esta vez si sea y no quede el anuncio de Santos para recordarse tristemente en los anales de la historia agraria colombiana.
