Burócratas a los que hasta la boñiga los embiste
El marco institucional para la política agrícola tiene importantes debilidades. La ausencia de técnicos en las decisiones del sector es una de estas.
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El problema agrario de Colombia es evidente. No en vano el primer punto concluido de las negociaciones de paz entabladas entre el gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se iniciaron en 2013 fue un compromiso al desarrollo agrícola y rural.
El acuerdo alcanzado en mayo de 2013 incluye cuestiones como el acceso a la tierra y el uso de los recursos del suelo, programas de adaptación de tierras e infraestructuras rurales, el desarrollo social, incentivos para potenciar el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria.
Durante el periodo 2010-2014, el gobierno también implementó un marco jurídico y operativo para restituir las tierras a los desplazados dentro del país.
El gobierno actual, que inició un segundo periodo en agosto de 2014, fijó sus objetivos de crecimiento en el sector agrícola en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, remitido al Congreso por el Presidente durante el primer semestre de 2015 para su aprobación.
El marco institucional para diseñar e implementar políticas agrícolas es complejo, ya que existe una duplicidad entre las responsabilidades de las instituciones además de una limitada coordinación.
Existen diferentes entidades vinculadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y a otros ministerios que tienen responsabilidades y funciones con respecto a políticas más amplias de desarrollo del sector agrícola, como es el caso de los bienes públicos rurales; sin embargo, las responsabilidades y funciones no siempre están bien definidas entre las instituciones, lo cual provoca una fragmentación en la financiación que se ve aumentada por la deficiente coordinación que existe.
Pero, a pesar de todos estos aparentes avances, es un secreto a voces que la capacidad y el alcance de las entidades que están asociadas y vinculadas al MADR parece ser limitada, así como la coordinación institucional a nivel de departamentos y municipios son débiles.
Esto evidencia que para que el sector agrario en el país salga del atolladero donde históricamente lo han puesto los políticos y la coyuntura social, es preciso que, dentro del diseño del marco de la políticas agrarias, se contemple fortalecer la institucionalidad agraria, tanto a nivel de gestión administrativa como de investigación y extensión rural.
En paralelo a esto , y así lo sentenció recientemente la Misión Rural, es importante que en las decisiones que se tomen en materia de política agraria, participen profesionales técnicos expertos en este campo y que no sea como ha venido siendo: decisión restringida a abogados y burócratas, que no diferencian una oveja de un ternero. Personajes a los que hasta la boñiga los embiste.
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