Colombia: biodiversidad y desarrollo
En las últimas décadas, a nivel mundial y especialmente en América Latina, se ha reconocido la urgencia de repensar la relación entre los grupos humanos y la naturaleza. El agotamiento de los recursos naturales y el deterioro de la calidad de vida le han dado un carácter inminente a esta tarea. Es así como la conservación y el manejo de los recursos naturales, son ahora temas de interés para los gobiernos, las organizaciones de base y no gubernamentales, los profesionales de las disciplinas agropecuarias y biológicas, y evidentemente, también para los pobladores que habitan estas zonas (Rubio-Torgler et al., 2000).
Colombia es uno de los tres países más ricos en biodiversidad en el mundo, con una diversidad de ecosistemas, con no menos de 99 unidades biogeográficas identificadas hasta la fecha. La ubicación tropical del país, su variedad de climas y una historia geológica que dio origen a las tres cordilleras andinas, se traducen en un vasto número de tipos de ecosistemas. Además la ubicación del país, hizo de Colombia el centro de intercambio biológico entre Norte y Sur América al emerger el puente terrestre que las unió (Mittermeier et al., 1998).
Muchas de las especies de fauna han sido utilizadas ancestralmente por el ser humano como parte fundamental de su supervivencia. Pese a ello, en Colombia no se ha reconocido en su adecuada medida el potencial que representa la fauna en términos ecológicos, económicos, científicos, sociales y culturales (Zambrano, 2001). Por este motivo, el deterioro del ecosistema y la dismininución de las poblaciones faunísticas inciden de manera importante, no sólo en procesos ecológicos y en la seguridad alimentaria, sino también en la pérdida de referentes culturales (Rubio-Torgler et al., 2000)
En Colombia, como en otros países, las causas de la pérdida de biodiversidad se han relacionado tradicionalmente con actividades productiva, como son la sobre explotación de recursos naturales renovables y las emisiones contaminantes industriales. A pesar del reconocimiento público de los gobiernos sobre la importancia de la diversidad biológica, los procesos de desarrollo no han incorporado aún la variable ambiental de una manera contundente, siendo esta secundaria en el debate político (Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1988; Campos et al., 2002 ).
Debido al gran impacto que la diversas actividades económicas tienen sobre el medio ambiente, la implementación de la política ambiental en Colombia debería centrar gran parte de su esfuerzo en afectar las políticas de los sectores productivos, de servicios y de infraestructura, más allá de las acciones que emprenda directamente el sector ambiental. Si bien se han adelantado esfuerzos de coordinación entre las autoridades ambientales y los sectores productivos, estos se han orientado principalmente al tema de licenciamiento ambiental y al desarrollo de convenios de producción limpia con los gremios productivos (Campos et al., 2002).
Los pobladores locales y finkeros han estado en medio de los discursos nacionales e internacionales, en el marasmo de lo que se debe hacer para proteger y conservar los recursos naturales, pero muchas veces sin posibilidades concretas de participar como generadores de procesos para el manejo de los mismos (Martínez-Alier, 1992; Rubio-Torgler, 2000). Las comunidades campesinas se han constituido de esta forma en la mayoría productiva y explotada en la historia de la humanidad, caracterizada por un sometimiento político y económico (Shanin, 1976).
Para evitar esta tendencia es preciso desarrollar programas en los cuales los entes gubernamentales, la comunidad científica y la sociedad en general se comprometan más que involucrarse con las comunidades locales para fomentar el trabajo comunitario con aras de alcanzar un desarrollo concertado y sustentable con los recursos naturales (Freire, 1993).
En efecto, en los últimos años en Latinoamérica (Anónimo, 1997; Bodmer et al., 1997; Campos et al., 2002; Chapin, 1986; Contreras y Medellín, 1994; Medellín y Contreras, 1994; Rabinovich et al., 1991; Secretaría Pro Tempore, 1995; Townsend, 1997, entre otros) y en Colombia (Campos et al., 2002; Hernández, 1995; Martínez y Rodríguez, 1997; Rubio-Torgler, 1997, entre otros) se han planteado y desarrollado numerosos proyectos de manejo de fauna con la participación activa de las comunidades locales y de algunos finkeros.
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