Colombia debe invertir en I + D para el agro
Persisten las dificultades en el sistema colombiano de innovación agrícola.
El gobierno colombiano ha anunciado su compromiso de fortalecer el sistema de innovación agrícola del país como motor del desarrollo sostenible e inclusivo. Se están realizando esfuerzos para crear un marco institucional que mejore la coordinación y refuerce los vínculos entre las entidades, los responsables de la toma de decisiones y los actores.
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No obstante, el sistema de innovación agrícola sigue afrontando numerosos desafíos. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en lo que se refiere a la gobernanza, no existe un mecanismo eficiente que coordine las prioridades y las actividades de una amplia gama de instituciones, que tienen diferentes mecanismos para definir sus prioridades, asignar sus fondos y monitorear sus actividades. La dispersión y el limitado alcance de la información también hacen que el monitoreo y la evaluación resulten difíciles e incompletos, lo cual provoca una posible duplicación de esfuerzos.
Asimismo, resulta difícil identificar los fallos sistémicos que se producen en las tecnologías que tienen múltiples objetivos así como proponer soluciones para corregir estos fallos.
Sin embargo, los esfuerzos que se están adoptando actualmente para generar unos vínculos más estrechos entre los distintos actores y para crear mecanismos que ajusten la oferta -incluida la investigación, extensión y asistencia técnica– a la demanda de innovación agrícola deberían mejorar la situación.
Para la OCDE, en lo que se refiere a los recursos, el sector público sigue siendo la principal fuente de financiación para el I+D agrícola, con independencia de si es ejecutado por organizaciones públicas o privadas. Sin embargo, la intensidad de las investigaciones públicas es relativamente baja, tal y como demuestra el hecho de que el gasto público en I+D agrícola represente en torno al 0,6% del PIB agrícola en 2010-2011.
Existe una amplia gama de fuentes de financiación pública de las actividades de I+D en Colombia, que se ven complementadas por importantes aportes procedentes de fondos parafiscales (fondos de materias primas de asociaciones de productores) y regalías.
Una gran parte de la financiación asignada a los proyectos se lleva a cabo a través de convocatorias abiertas y competitivas. Este mecanismo deriva a menudo en la asignación de recursos en función de la oferta, esto es, con arreglo a las propuestas realizadas por los investigadores o instituciones de investigación.
En lo que se refiere a la cooperación entre instituciones, el modelo de cofinanciación promueve la colaboración entre diferentes organizaciones. Sin embargo, el hecho de que existan convocatorias competitivas para conseguir proyectos puede dificultar la cooperación entre investigadores. La puesta en común de conocimientos se facilita a través del acceso libre a las políticas de conocimientos (dentro de los límites de la protección de la propiedad intelectual) y el desarrollo de una serie de redes de información. Sin embargo, la multiplicación de las bases de datos en las redes parece presentar las mismas dificultades de acceso a la información por parte de quienes no son expertos en estas materias.
El gobierno cuenta con una estrategia que promueve la cooperación internacional y garantiza el diálogo a distintos niveles en el sistema de innovación agrícola, desde el ámbito de la política o la estrategia hasta los niveles técnicos. Por ejemplo, Colombia es sede de una serie de centros internacionales de investigación y forma parte de diversas redes y asociaciones de investigación internacionales.
Uno de los principales problemas es la adopción de la innovación por parte de los productores, la cual se ve limitada por el desfavorable entorno estructural y de políticas, y la insuficiente capacidad para absorber innovaciones que puede que no estén adaptadas para los contextos regionales y agrícolas a pequeña escala.
El apoyo a la inversión facilita la adopción de las innovaciones, y algunos de los programas están dirigidos específicamente a unidades productivas de pequeñas dimensiones. Sin embargo, sería fundamental mejorar la oferta de personal calificado para el sistema de innovación agrícola promoviendo la educación y formación en el ámbito agrícola, y mejorando la prestación de asistencia técnica a los agricultores.
Los servicios de asistencia técnica se han reformado con frecuencia desde hace años pero siguen estando fragmentados y no existe un marco integral que pueda garantizar una adecuada coordinación de los esfuerzos, que mejore la participación y los intercambios de información y que al mismo tiempo aborde los problemas territoriales.
A pesar de lo anterior, la OCDE sostiene que el desarrollo de un plan general de asistencia técnica rural debería mejorar la coordinación de los servicios de asistencia técnica entre las distintas regiones.
