El conflicto colombiano exige resolver el problema agrario
Expertos aseguran que el problema social y de orden público radica en la tenencia y democratización en el acceso a la tierra. De igual forma sostienen que la inversión que el gobierno haga en el campo y en la población rural puede ser el primer paso para lograr una paz estable y duradera.
En el portal La Silla Vacía se expusieron algunas de las posturas de expertos en la problemática del campo colombiano. Por considerarlas de suma importancia para todos aquellos relacionados con el campo, compartimos algunas de las ideas esbozadas.
José Antonio Ocampo, líder de Misión Rural, afirma que «es muy claro que el conflicto en Colombia exige resolver su problema agrario. Poco menos del 5 por ciento de los propietarios del país concentra el 55 por ciento de la tierra, según datos del IGAC, (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) una de las tasas de concentración más altas del mundo, y tres quintas partes de los predios rurales, sobre todo los de pequeños productores, carecen de títulos formales».
Por su parte, Juan Camilo Restrepo, político y ex ministro de Agricultura, enfatiza sobre lo estratégico que resulta, en términos de seguridad alimentaria y bienestar social, la inversión estatal en el campo. «Los procesos de urbanización que caracterizan los cambios estructurales en toda sociedad moderna (y Colombia no es una excepción ) exigen también que la seguridad alimentaria y el bienestar de las poblaciones que viven en los ámbitos rurales, lo mismo que la productividad de la agricultura, sean preservados», sostiene.
Bajo lo misma línea, Salomón Kalmanovitz, economista y ex codirector del Banco de la República, asegura que «resolver el problema de la tierra es una medida reparadora y, aunque la mayor parte de los campesinos no quiera volver a enfrentar “el terror de los orangutanes armados hasta los dientes”, también es posible “envisionar un campo explotado por pequeñas, medianas y grandes explotaciones, para las cuales hay 20 millones de hectáreas con vocación agrícola subutilizadas”.
Para Ocampo, si bien el problema agrario mira al pasado, también lo hace hacia el futuro. «Todos los estudios realizados en Colombia, desde hace medio siglo, muestran que la productividad de la pequeña propiedad agraria es más alta que de la gran propiedad. Eso es cierto, pese a que la pequeña propiedad rural ha carecido, en general, de un firme apoyo del Estado”, concluye.
Pareciera avizorarse entonces, la necesidad de un campo con más propietarios. Porque por un lado, está comprobada una mayor productividad en las propiedades rurales pequeñas. Y por el otro, aquellas regiones donde hay mayor proporción de minifundios (como Boyacá, Cundinamarca y algunos sectores de la región Andina) exhiben una menor problemática generada por el conflicto interno que carcome el país desde hace más de 50 años.
Bajo este orden de ideas, el gobierno colombiano debe hacer inversiones estratégicas (en T + I + C) en el campo y promover reformas que garanticen el acceso a la tierra para que así se logre una mayor productividad y se disminuya la tierra de engorde en el país. «Para lograr esto se requiere de políticas públicas activas por parte de los gobiernos. No indiferencia gubernamental hacia lo rural”, destaca Restrepo.
