Gobierno cambia junta directiva de Vecol
Los cambios en la junta directiva de Vecol generaron malestar y sorpresa en el sector agropecuario. El Gobierno busca evitar un conflicto de intereses.
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri, cambió a la mitad de la junta directiva de la estatal Empresa Colombiana de Productos Veterinarios (Vecol), con lo que el Gobierno quedó con una mayoría absoluta en esta empresa de naturaleza mixta.
El cambio más significativo de esta decisión es la exclusión de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), quien a parte de ser reconocido crítico del proceso de paz y de tener varias peleas casadas con el Presidente Juan Manuel Santos, lleva varios años al frente del gremio ganadero y ha sido sujeto de no pocas críticas por miembros del sector.
Con esos cambios, el Gobierno quedó con tres de los cinco asientos -con titular y suplente- en la junta, en vez de uno solo -el del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural- que tenía antes. Junto con Lafaurie, salieron el ex presidente del Banco Agrario Jorge Restrepo y los ganaderos Camilo Ucrós y Jorge Ferro. En su reemplazo entraron el nuevo viceministro de desarrollo rural Juan Pablo Díaz Granado, los asesores ministeriales Juan Pablo Pineda y Juan Pablo Otoya y la secretaria general del ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Alejandra Páez.
Esta movida generó malestar en Fedegan, desde donde se sostiene que se trata de una decisión política antes que técnica. El argumento del Gobierno se afinca en el hecho de que por ser Fedegan el mayor comprador del producto estrella de Vecol -la vacuna contra la fiebre aftosa- se estaba generando un conflicto de intereses al estar sentado en la junta que tomaba decisiones de la empresa farmacéutica veterinaria.
No obstante la justificación dada por el Gobierno, es evidente que ninguno de los nuevos representantes del gobierno ante la junta de Vecol tienen experiencia en el agro. Queda en el aire la sensación de que dentro de la empresa se toman decisiones con carácter político y no técnico. Se confirma además que el Gobierno nacional no aplica la meritocracia para el nombramiento de funcionarios dentro de las entidades del sector agropecuario del país.
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