La selva en Colombia después del conflicto con las FARC
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Por Mongabay Latam / Guillermo Rico
- Las áreas con mayor deforestación en el país coinciden en gran medida con antiguas zonas bajo control de la guerrilla.
- Para financiarse las FARC permitieron que en sus territorios se desarrollaran actividades como la siembra de cultivos ilícitos y la minería ilegal. Sin embargo, también les interesaba preservar la selva para resguardarse de la ofensiva de las Fuerzas Militares.
Colombia es tierra de bosques. En el país hay 59 millones de hectáreas cubiertas por este tipo de ecosistema, es decir, el 51,75 % del país corresponde a selva: un área casi del tamaño de la península ibérica. Pero según los últimos estudios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudio Ambientales (IDEAM), hay una creciente tendencia a la deforestación que coincide con la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de los territorios antes ocupados.
En Colombia, el fin del conflicto con las FARC se ha ido consolidando poco a poco. La entrega de armas por parte de esta guerrilla y su reciente participación en política son sin lugar a dudas señales positivas. Pero hay varios temores y uno de ellos es el futuro de la conservación de los bosques en los territorios antiguamente ocupados por la guerrilla más grande de América.
El IDEAM, entidad oficial encargada de la evaluación, monitoreo, seguimiento y modelamiento de los fenómenos naturales y las actividades humanas que afectan los ecosistemas forestales en Colombia, reveló las áreas con mayor deforestación en el país entre 2015 y 2016 y muchas de ellas coinciden con antiguas zonas bajo control de la guerrilla. Precisamente, durante 2016 la superficie de bosque deforestada fue de 178 597 hectáreas, incrementando un 44 % respecto al 2015.
Los núcleos de deforestación activa señalados por la entidad se concentraron en la Amazonía occidental (departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta), el Catatumbo (departamento de Norte de Santander), la región de Paramillo (departamento de Córdoba) y en el departamento del Chocó. Todas estas son áreas que reúnen alta diversidad de especies de flora y fauna. Ante este escenario, el Programa de Evaluación y Monitoreo del IAvH estimó que al menos 2697 especies, de las cuales 503 son animales y 2194 plantas, están en riesgo por la deforestación. “Esto prendió las alertas sobre lo que está pasando y dónde está pasando”, le aseguró a Mongabay Latam José Manuel Ochoa, coordinador del Programa Evaluación y Monitoreo del IAvH.
Pero a pesar de estas cifras, hay visiones más alentadoras sobre el estado de conservación de los bosques en Colombia durante el posconflicto. “El 82 % del bosque amazónico está en buen estado de conservación”, asegura Luz Marina Mantilla, directora general del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI). “El bosque en el posconflicto tiene particular importancia para el país porque allá viven más de un millón de personas”, puntualiza.
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El debate sobre la deforestación
Los bosques tropicales están desapareciendo como resultado de muchas presiones como el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre, entre otros, que operan tanto a nivel local como regional y actúan juntos en diferentes regiones geográficas. Colombia, claramente, no es la excepción de este fenómeno.
La deforestación es considerada una de las principales causas del calentamiento global, pero los factores generadores de este proceso de pérdida de coberturas vegetales aún son objeto de un profundo debate.
En el informe Deforestación en Colombia: Retos y perspectivas, elaborado por la investigadora Helena García de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), se asegura que la deforestación está estrechamente relacionada con fenómenos socioeconómicos. “En Colombia sus principales causas son: expansión de la frontera agropecuaria, especialmente para ganadería extensiva; siembra de cultivos ilícitos; tala ilegal; minería e infraestructura; incendios forestales y presión por el crecimiento poblacional”, asegura García.
Evidentemente, la ganadería tiene un rol importante en la deforestación, más por la especulación que se genera respecto a la tierra que por la actividad misma. “Lo que le importa al propietario no es la producción pecuaria sino cuánto vale la tierra en el momento de venderla. La ganadería ejerce un claro control territorial”, complementa José Manuel Ochoa del IAvH.
El aumento de los cultivos ilícitos también ha sido considerado como uno de los aceleradores de la deforestación en las áreas ocupadas por las FARC. Según datos de 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que los cultivos ilícitos en Colombia ocupan cerca de 200 000 hectáreas. Pero esta área cultivada no es representativa (menos del 0,4 %) en comparación con el área de cobertura de bosque y con el total de hectáreas destinadas a la ganadería y a los monocultivos. Si bien las regiones con más cultivos ilícitos coinciden con las mayores zonas de deforestación activa identificadas por el IDEAM, esta actividad ilegal no genera un impacto tan fuerte como otras causas asociadas a la deforestación. “Es mucho más grande el impacto que tienen las carreteras”, asegura Ochoa.
Para él, es muy difícil atribuir la deforestación a una sola causa. “No es solo por las FARC. Este es uno de muchos actores. Hay un cambio de gobernanza pero también hay una nueva reconfiguración de actores en esos sitios. Vías terciarias son importantes en procesos de deforestación, también la titulación de las tierras”.
En lo que no existe discrepancia es en los efectos que genera este fenómeno. Además de poner en riesgo la biodiversidad ─como se mencionó anteriormente─, puede afectar directamente el régimen de lluvias y contribuir al calentamiento global. “El problema de la deforestación es la pérdida de la conectividad”, explica Mantilla. De incrementarse la deforestación en Colombia y en la Amazonía en particular “perderíamos conexión Andes-Amazonía, Orinoquia-Amazonía, y con el Escudo Guyanés hacia el nororiente del país”, sostiene.
Es por esta razón que el gobierno colombiano recibió alrededor de 300 millones de dólares en ayudas de Alemania, Noruega y el Reino Unido para reducir a cero la deforestación en la región amazónica para el 2020 como parte del Acuerdo Climático de París. Pero parece que esa meta será difícil de alcanzar, máximo cuando falta presencia estatal en las regiones abandonadas por las FARC.
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Guerra en la selva
“Las zonas de mayor impacto del conflicto coinciden con aquellas de mayor biodiversidad del país. La estructura ecológica era el lugar donde se desarrollaba la guerra”, afirma de manera categórica Julián Arana, miembro del Partido FARC. En efecto, esta guerrilla, que llegó a tener un ejército de cerca 20 000 hombres, hizo presencia en zonas estratégicas para la conservación de los bosques como Chocó, Guaviare, Caquetá y Putumayo.
Está documentado que las FARC, para financiarse, permitieron que en sus territorios se desarrollaran actividades como la siembra de cultivos ilícitos de coca y la minería ilegal. De igual forma, los ataques a la infraestructura petrolera contaminaron importantes recursos hídricos y generaron impactos ambientales aún incalculables.
“Estas actividades causaron degradación y deforestación en zonas estratégicas para la conservación como los Parques Nacionales”, le dijo a Mongabay Latam una funcionaria de Parques Nacionales. En esto coincide Ochoa del IAvH, quien sostiene que “el 50 % de todas las áreas priorizadas como consecuencia del conflicto armado son áreas protegidas”.
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¿Quién podrá salvar los bosques?
A pesar de las evidentes afectaciones a la conservación de los bosques, en las comunidades donde las FARC ejercieron control territorial, las personas tenían prohibido cortar árboles, cazar y botar basura al río. “Recuerdo haber visto letreros a lo largo de la vía entre Puerto Rico y San Vicente del Caguán (en los departamentos de Meta y Caquetá, al sur del país) que decían: no talar, no cazar”, asegura Hernando Rico, un ingeniero que en el año 2000 diseñó una línea eléctrica en el departamento de Caquetá durante los diálogos de paz con esta guerrilla en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).
Incluso esta guerrilla, a través de un “Manual de Medio Ambiente” hacía cumplir ciertas normas ambientales mediante extorsiones, multas y sanciones. Esta “práctica conservacionista” incluso les servía para protegerse del accionar del Ejército colombiano ya que así evitaban que sus tropas fueran rastreadas en la selva.
“Las FARC no solamente se configuraron como autoridad político administrativa en las regiones donde hacían presencia, principalmente en las áreas de la frontera agrícola del país y zonas de colonización, sino que también se convirtieron en el único control ambiental que existía”, le aseguró Julián Arana del partido político Farc a Mongabay Latam.
Frontera agropecuaria 2002 – 2016. Imagen: Instituto SINCHI.
Sin embargo, al analizar los núcleos con frentes de deforestación activos, el IAvH encontró que la mayoría coinciden con las áreas priorizadas por el gobierno para posconflicto. Es decir, las que habían sido ocupadas anteriormente por la guerrilla. “El 84 % de estos núcleos coinciden con las áreas priorizadas dentro del Acuerdo de La Habana”, sostiene Ochoa.
“Tenemos una fuerte deforestación en el posconflicto, pero es importante comparar los niveles de deforestación de Guatemala en su acuerdo de paz, o lo que ha pasado en muchas partes del mundo donde se han dado acuerdos similares”, explica Luz Marina Mantilla del SINCHI. Sin embargo, tampoco se puede caer en el error de creer que los bosques se conservaron solo por intereses de la guerra. “Uno no puede pensar que los guardianes de la selva fueron las FARC. ¿Ahora quién podrá salvarnos sin las FARC? ¿Quién hizo esta primera deforestación? Ahí es importante llamar al equilibrio. Está documentado que este grupo exigía unas cuotas para que la gente sembrara coca y tumbara el monte. En muchos momentos fueron agentes importantes para acabar con el bosque”, destaca Mantilla.
Claro está que es innegable que esta guerrilla, de una u otra forma, ejerció un control territorial que desestimulaba el desarrollo regional y de paso disminuía una eventual tasa de deforestación. “Las FARC impedían actividades de explotación, incluso agropecuaria, en áreas de importancia ecológica”, recalca Julián Arana.
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El futuro de la naturaleza
“No sabemos cómo será la trayectoria de la deforestación con la salida de la guerrilla. No se puede utilizar el argumento de que la deforestación disminuirá por la salida de un solo actor”, argumenta Ochoa del IAvH.
Al respecto, Mantilla considera que pese a que las cifras de deforestación en el posconflicto generan alertas para el Amazonas, “hay escenarios donde existen unos motores que siempre han estado presentes: las pasturas, la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería, los cultivos ilícitos, los incendios”. La problemática antes y después de las FARC pareciera ser la misma en las selvas del país.
“No hay nada que deje más dinero que la coca”, le confiesa Luis, un habitante del municipio de Solano, Caquetá (sur del país), a Mongabay Latam. Este campesino —oriundo del departamento del Tolima— que por años ha recorrido el territorio colombiano “raspando” la hoja de coca, ahora forma parte de una comunidad en la selva del sur del país que de la mano con varias ONG trabaja para identificar alternativas de restitución que garanticen la conservación de los recursos naturales y los ingresos económicos para las familias. No obstante, más allá de la conservación de la selva, es irrefutable que la gran preocupación para los campesinos de las regiones que sufrieron el rigor de la guerra es su seguridad económica.
Y es que no son solo las economías ilegales las que podrían poner en riesgo el futuro de los bosques en Colombia. Para Ochoa, incluso las obras de infraestructura establecidas como parte del acuerdo de paz con las FARC se van a constituir en una importante causa de deforestación. “Por ejemplo, la vía Remedios – Zaragoza – El Bagre – Nechí (en el departamento de Antioquia) generará procesos de deforestación”, afirma.
Esto al final pondría al Gobierno colombiano en un dilema entre conservación y paz en los territorios, pues la construcción de vías terciarias es indispensable para consolidar el Acuerdo de paz en diferentes regiones de Colombia.
Pero esto no sería lo único. Se viene además un proceso de titulación y especulación de tierras en los territorios antes copados por las FARC. “Ahora puede ser más atractivo invertir en la región. Lo que está haciendo la gente es comprar tierra barata con la esperanza de un incremento del precio por la titulación”, asegura Ochoa.
Esta bolsa de tierras que se está consolidando en la Amazonía ha llevado a que se incentive la tala y quema de los bosques para que las pasturas hagan más “atractivas” las fincas para los potenciales compradores. “Para finales de febrero, campesinos se pusieron de acuerdo para deforestar y quemar al mismo tiempo en Caquetá. Eso es muy difícil de controlar”, le dijo Ochoa a Mongabay Latam.
Este investigador, experto en conservación, enfatiza que es preciso entender el contexto social y la relación entre variables económicas y políticas para poder predecir qué va a suceder con la conservación de las selvas colombianas en el posconflicto. “No es algo tan sencillo y no debe ser objeto de una interpretación muy simplista. No es solo la salida de las FARC, la titulación, la construcción de infraestructura o los ganaderos”, concluye.
En definitiva, bajo el escenario actual, en el que Colombia está ‘ad portas’ de escoger un nuevo gobernante y darle continuidad a un proceso de paz con la guerrilla más antigua del continente, la deforestación será sin lugar a dudas uno de los indicadores del éxito o del fracaso de la capacidad del Estado y de la sociedad para afrontar este gran desafío.
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