Los pecados de la política agraria colombiana
El sector agrícola ha padecido las consecuencias de políticas deficientes y enfrenta importantes desafíos estructurales.
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante muchos años, los gobiernos de Colombia no han invertido lo suficiente en los servicios y bienes públicos que habrían permitido al sector agrícola aprovechar su potencial económico.
Si quieres saber más sobre el problema del agro en Colombia haz click acá.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) esta escasez de inversiones, junto con la deficiente gestión de la tierra, el escaso éxito de las reformas del sistema de tenencia de la tierra y un conflicto interno que se prolonga desde hace décadas estrechamente relacionado con el tráfico de drogas, han afectado profundamente a la evolución y el desempeño del sector agrícola en Colombia.
En Colombia han coexistido una serie de disputas que se han ido retroalimentando y que están relacionadas con el sistema de la tenencia de la tierra, la incapacidad de los sucesivos gobiernos para abordar la reforma agraria durante varias décadas del siglo pasado y el conflicto armado, que ha debilitado el sector considerablemente durante un prolongado periodo de tiempo.
Es indudable, el conflicto rural ha sido en buena medida el responsable de la débil evolución del sector agrícola así como del desplazamiento de grandes cantidades de población rural.Pero no todo el desmadre agrícola del país es una consecuencia del conflicto social. Los políticos y los gremios comparten esta responsabilidad.
En la actualidad, el apoyo proporcionado a los productores agrícolas genera enormes distorsiones, al tiempo que se han desatendido los servicios generales necesarios para el sector agrícola.
Para la OCDE, determinadas áreas críticas como las infraestructuras, la investigación y el desarrollo (I+D) agrícola, la transferencia de conocimientos agrícolas y la reestructuración de explotaciones agrícolas siguen recibiendo un apoyo muy escaso o inexistente, si bien en la década actual la I+D agrícola ha recibido financiación adicional.
Las respuestas a corto plazo a los problemas afrontados por los productores agrícolas han agotado los escasos recursos económicos disponibles para desarrollar un entorno habilitador para un crecimiento agrícola más incluyente y sostenible.
Aunado a esto, la corrupción estatal ha acompañado el atraso del agro colombiano. De ingrata recordación son los innumerables escándalos de corrupción política en torno al desarrollo rural del país. Basta mencionar el último de estos: el programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Se considera que el AIS, liderado por el ex ministro de Agricultura del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, hoy prófugo de la justicia, es parte de la explicación de la actual crisis agraria y de la falta de competitividad del agro frente a los tratados de libre comercio.
Los aspectos del desarrollo agrícola y rural han formado parte de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) desde la década de los 90. La orientación estratégica proporcionada a la política agrícola durante los últimos 20 años se centró en aumentar la producción agrícola y su competitividad, especialmente mediante el apoyo proporcionado a la agroindustria.
La política de desarrollo rural se ha orientado hacia la promoción de un acceso equitativo al crédito y a la tierra, así como a la vivienda, saneamiento básico, educación y salud.
Sin embargo, las orientaciones proporcionadas por estos documentos estratégicos no se reflejaron en los instrumentos de políticas implementados, que se centraron fundamentalmente en la protección en frontera a las importaciones y en subsidios a los insumos variables.
A principios de la década pasada, la política agrícola se centró en desarrollar la competitividad de diversas cadenas productivas, pero los instrumentos de política implementados siguieron sin poder abordar adecuadamente los verdaderos desafíos estructurales a los que se enfrenta el sector.
Esta evidente problemática es precisamente un campanazo de alerta para el actual PND que recorre gran parte de las institucionales estatales del país y que, como es de costumbre en cada gobierno, promete ser la solución a malas políticas implementadas en el pasado.
