Lafaurie y Ordóñez, en contra de la restitución de tierras
En reciente reunión en San Alberto, Cesar, el procurador general, Alejandro Ordóñez, y el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, se mostraron en contra de la restitución de tierras promovida por el gobierno nacional en el marco del proceso de paz. Restitución que, en teoría, favorecería a la población campesina desplazada, que fue usurpada de su terruño o presionada a vender sus parcelas a precios irrisorios a grupos paramilitares.
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La estrategia de estos grupos armados al margen de la ley es por todos conocida y ha sido ampliamente documentada: por un lado se hacían de las tierras de los campesinos desplazados y por el otro se la vendían a poderosos latifundistas (e incluso conglomerados empresariales) para legalizarla. Todo esto amparado, en algunos casos, por los registradores de instrumentos públicos y otras autoridades de la región.
Cabe recordar que tanto la visión del mundo rural colombiano de Fals Borda, como los resultados de la Misión Rural del presente gobierno, concluyen que en gran parte el conflicto interno colombiano obedece a la tenencia de la tierra. Luego es claro que la solución del conflicto debe involucrar un proceso de restitución de tierras (cuando haya lugar) para de esta forma reparar a las víctimas del mismo.
En paralelo al proceso de paz y al intento de restitución de tierras (que hasta el momento ha sido bastante incipiente) han surgido los llamados «ejércitos antirestitución» que han buscado garantizar -a como de lugar- la posesión de tierras por parte de quienes aparentemente le compraron fundos a los paramilitares en diferentes regiones del país como el Urabá antioqueño, la Mojana, el sur del Bolívar y el magdalena medio.
Esta situación ha hecho que más de uno intente pescar en río revuelto. Por un lado, campesinos avivatos han requerido la restitución de tierras y por el otro los actuales poseedores de «buena fé», aupados por Lafaurie, Ordoñez y otros políticos uribistas con intereses electorales, alegan que no se dejarán imponer un supuesto ordenamiento territorial que pretende la guerrilla de las FARC desde La Habana.
Tamaña tarea tienen la registraduría de instrumentos públicos, la cartera agropecuaria y todas las entidades asociadas. De los resultados de un concienzudo y detallado estudio de títulos, predio por predio y caso por caso, dependerá la justicia a la hora de la restitución.
El problema radica además en que se ha vuelto un choque entre la visión territorial del gobierno nacional y la que comparten latifundistas y compradores de «buena fé» de enormes extensiones de tierra. Así las cosas, y como es costumbre en Colombia, los intereses políticos pueden llegar a primar sobre la justicia y el bien común.
Porque para ser francos, acá lo que se está es explotando políticamente un conflicto de tierras, por lo que es preciso tener en cuenta las consecuencias que esta bomba social generarían para la estabilidad política y social de la nación. Es importante hacer notar, especialmente a quienes vociferan con delirio desde la potestad de su cargos, que si no hay justicia a nivel de territorio, nunca se podrá hablar de paz en el país.
Seremos testigos del boicoteo irracional y politiquero a un proceso de paz que supone una restitución de tierras o presenciaremos, finalmente, la justicia social y el surgimiento del sector rural colombiano. El tiempo lo dirá.
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