Tráfico salvaje
¿Son suficientes los esfuerzos por salvar la fauna silvestre decomisada? Un recuento de las estrategias implementadas y de posibles soluciones.
El tráfico ilegal de fauna silvestre es considerado como la actividad que más dinero mueve en el mundo, luego del narcotráfico y el mercado negro de armas. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), el comercio ilícito de fauna y flora genera entre 8 y 10 mil millones de dólares cada año.
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Es por esta razón que Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció recientemente que el comercio ilegal de fauna y flora silvestre se ha convertido en una sofisticada forma de delincuencia transnacional, comparable con la trata de seres humanos y el tráfico de drogas.
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Tan solo en Colombia, de acuerdo con datos de la Policía Ambiental, anualmente en el país se trafica con más de 50 mil animales silvestres. Según cifras de la Secretaría Distrital del Ambiente, 1.679 animales silvestres incautados al tráfico ilegal han sido reubicados en los últimos cinco años. Y esto sólo sucede en Bogotá.
El panorama es similar en los otros centros urbanos del país. Por ejemplo, de acuerdo con cifras del Área Metropolitana de Medellín, en esta región se invierten casi 2.000 millones de pesos al año para rehabilitar y reubicar los especímenes incautados a los traficantes de fauna silvestre.
El tráfico de fauna silvestre tiene además serias implicaciones sobre la conservación de la naturaleza. Fernando Nassar, director del Programa de Medicina Veterinaria de la Universidad de la Salle y experto en fauna silvestre, sostiene que la fuente principal de esta actividad es la extracción de las poblaciones naturales de su medio natural. Esto conlleva a que se disminuyan y desaparezcan algunas especies, particularmente las que tienen mayor valor comercial (como babillas, peces y aves ornamentales).
La problemática del tráfico de fauna silvestre se vive a diario, a lo largo y ancho del país. Es común ver en las carreteras del país a los traficantes locales ofrecer a los viajeros monos, perezosos o pericos con vistosos plumajes. De igual forma, es habitual que en terminales de transporte como la de Bogotá, se hagan incautaciones de fauna silvestre y sus subproductos a viajeros que vienen desde las regiones hasta la capital del país.
Cabe señalar también, que para que se pueda extraer un animal de su hábitat natural, se generan graves afectaciones al ambiente. Es así como en paralelo a esta actividad se da la tala indiscriminada, la fragmentación de los bosques, el desequilibrio de los ecosistemas y la afectación a los servicios ambientales.
Esta es una actividad que, a pesar de que existe el pleno conocimiento de su ilegalidad, muchas veces se ejerce como una alternativa económica para las familias campesinas. Este mercado ilícito es además promovido por personas que llevadas por la belleza de un animal silvestre o en búsqueda de un estatus social, buscan la forma de tenerlo como mascota.
Soluciones a medias
Como consecuencia de la dimensión del tráfico de fauna silvestre en Colombia, en las últimas dos décadas han proliferado los centros de recepción y rehabilitación de fauna en Colombia, probablemente producto de las directrices del ahora Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), que obliga a las corporaciones autónomas regionales a establecer o colaborar con instituciones de este tipo.
Estos centros de recepción cuentan con equipos multidisciplinarios compuestos por veterinarios, zootecnistas, biólogos y demás expertos en el manejo de fauna silvestre, que implementan protocolos técnicos para la disposición final de los animales incautados.
Las instalaciones de estos sitios requieren un diseño especial para rehabilitar los animales que llegan decomisados por la Policía Ambiental. Jaulas de vuelo para aves, hábitats para mamíferos, estructuras de enriquecimiento ambiental para primates, encierros con temperatura controlada, hacen parte de toda esta infraestructura necesaria para la rehabilitación y liberación de los animales víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre.
La creación de múltiples centros que reciben, rehabilitan y dan buen trato en cautiverio a animales que han sido sacados de su medio ambiente es sin duda positiva. Ha permitido recuperar animales víctimas del tráfico de fauna y devolverlos a su hábitat natural. Se constituyen además en sitios para la educación ambiental y el entrenamiento en el manejo de fauna silvestre, asegura Nassar.
Pero este esfuerzo no es gratuito. Solo para el caso particular de Bogotá, en los últimos cinco años el distrito ha destinado más de 2.600 millones de pesos para administrar el Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la ciudad, desde donde se coordinan todos los esfuerzos para darle una salida a todos los animales incautados a traficantes ilegales.
No solo el factor económico es el que genera interrogantes en torno a la estrategia implementada por el estado contra el tráfico de fauna silvestre. Desde la academia se escuchan voces que ponen en duda la efectividad de la misma. En efecto, biólogos de la Universidad de Missouri sostienen que la liberación de animales silvestres puede poner en riesgo las poblaciones naturales y los ecosistemas, además de representar un alto costo humano y económico, que en la mayoría de los casos no se justifican.
Estudios realizados en la última década por ornitólogos en Colombia, sostienen que muchas de las liberaciones de aves y otros animales que se llevan a cabo en Colombia, parecen tener como único objetivo procurar el bienestar de los individuos decomisados, pues se concentran en animales pertenecientes a especies con poblaciones que no requieren de programas de liberación de individuos para mantener su viabilidad.
Ejemplos de este tipo de actividades son la liberación de chamones (Molothrus bonariensis) en la Sabana de Bogotá, aparentemente llevada a cabo por el antiguo Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (hoy Secretaría de Ambiente), y la liberación por parte del Zoológico de Medellín de guacamayas y loros en el Valle de Aburrá, una región en donde no existían poblaciones nativas de estas aves.
Ley blanda y mal implementada
No son solo cifras presupuestales y evidencias científicas las que ponen en duda la efectividad de los programas de rehabilitación y reintroducción de fauna silvestre. El control y la penalización del tráfico de fauna silvestre forma también parte de la estrategia implementada por el gobierno para el control del tráfico de fauna silvestre. Y es precisamente, una de las políticas que revisten mayores críticas.
Si bien desde 1981 Colombia se vinculó a la reglamentación establecida a nivel mundial por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) y con esto, se compromete a luchar contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, el cumplimiento de la ley dentro del territorio nacional reviste muchas dudas.
El Código Penal colombiano establece penas entre los 32 y 90 meses de cárcel y multa de hasta 15.000 salarios mínimos mensuales vigentes para quienes incurran en el delito del tráfico ilegal de animales silvestres.
Sin embargo, de acuerdo con el estudio “Comercio de Fauna Silvestre en Colombia”, realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia y de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, entre los años 1996 y 2004, se registraron “1.639 investigaciones frente a los 251.776 animales decomisados. 45 de las cuales concluyeron en multa”. Es decir, solo el 2,74 % de las investigaciones terminan en sanciones.
Es evidente la falta de proporcionalidad jurídica en lo que concierne a la penalización del tráfico de fauna silvestre. Prueba de ello es la reciente condena del llamado “mayor traficante de perezosos de América”. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo condenó al señor Isaac Bedoya a cinco años de prisión por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y a pagar una multa de 700.000 pesos. A pesar de que a este traficante se le endilgan más de 3.000 perezosos traficados y se le comprobó formar parte de una sofisticada red, pasará su condena en la casa.
A la indignación que puede generar la laxitud de las penas, se suma el hecho de que en el país no se tiene información exacta sobre el número de incautaciones realizadas en los operativos de control al tráfico ilegal de fauna, y no existe un verdadero conocimiento de la dinámica de este comercio ilegal.
Como bien lo sostienen diferentes organizaciones internacionales como la ONU, la CITES y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), esta problemática no respeta fronteras ni aspectos ambientales ni la actual legislación. Mientras continúe siendo una actividad tan rentable y exista un mercado a nivel local e internacional, el tráfico de fauna silvestre seguirá siendo pan de cada día.
Ante este panorama y el presupuesto invertido por las entidades estatales, surge la pregunta obvia: ¿vale la pena invertir estos recursos para combatir de esta forma el tráfico ilegal de fauna silvestre? Es una pregunta difícil de responder pero no menos urgente de resolver, puesto que de lo que se trata es definir si se está haciendo o no lo correcto.
En la educación está la clave
Para Claudia Suárez, zootecnista que ha trabajo en programas de rehabilitación y reintroducción de fauna silvestre, “lo que se debe seguir haciendo es educar a la gente sobre la importancia de las especies en los ecosistemas”. Esta educación no debe llegar solamente a los traficantes locales, sino también a los compradores.
Según Suárez, se deben plantear además alternativas de sostenibilidad para las comunidades locales que conviven y extraen esa fauna silvestre para su sustento. “Falta mucho por hacer, pero ya hay muchas iniciativas como las del Bioparque La Reserva o la organización Women for Conservation que trabajan con comunidades locales”, sostiene.
En esto coincide Andrea Padilla, representante para Colombia de Anima Naturalis, quien sugiere que gran parte del dinero destinado para la tenencia de fauna silvestre (bien sea por medio de zoológicos o centros de recepción de fauna) debe ser direccionado para fortalecer este tipo de estrategias y combatir el tráfico de fauna de raíz.
Así lo han hecho algunos países como Estados Unidos y Costa Rica. No es tarea fácil. Los resultados se evidencian a largo plazo y se requiere de la participación tanto del sector público como del privado. Pero algún día hay que comenzar. Mientras el gobierno nacional se decide por este tipo de iniciativas, miles de animales se seguirán extrayendo de su hábitat natural para alimentar este ciclo vicioso y la inversión de dinero, para controlar el tráfico ilegal de fauna silvestre, se seguirá justificando.
